<p>La aspiración de justicia como sistema de valores se hace posible a través del enfoque constitucional del derecho procesal, el cual consagra la forma de proceder frente al implicado, la repartición del peso probatorio, el estándar de conocimiento necesario para valorar la conducta, y las consecuencias para los intervinientes en el evento de no acatar el sistema. En este sentido, la presente obra devela las diferentes concepciones del derecho, tendientes a la búsqueda de soluciones consideradas fundantes y correctas para la organización social, y analiza desde el ámbito legal, jurisprudencial y doctrinal las contradicciones semánticas derivadas de las premisas que desarrollan la presunción de inocencia, por cuenta de la interpretación judicial. En su desarrollo, se advirtió que el abuso de las medidas cautelares (especialmente la detención preventiva), cuestionan el trato brindado al reo al interior del proceso penal; en segundo lugar, que la teoría de la contribución diligente de la prueba es un instituto ajeno al derecho procesal penal, y su aplicación controvierte la máxima según la cual, en ningún caso se puede trasladar a la defensa; y finalmente, que la ausencia de criterios objetivos para saber cuándo el juez ha alcanzado el estándar probatorio denominado más allá de la duda razonable diluyen la precisión conceptual de la garantía procesal, y comprometen el derecho a la defensa. Con lo anterior no se quiere impedir que el Estado cumpla su función constitucional de investigar, perseguir y acusar a los presuntos infractores de la ley penal, ni se propone que la defensa asuma una actitud pasiva en la contienda procesal, por el contrario, dadas las consecuencias negativas que conlleva la afectación de las garantías mínimas del justiciable, se resalta el deber de armonizar las contradicciones evidenciadas. De ahí que se sostenga, que mientras se define la responsabilidad penal, el término presunción de inocencia resulta impreciso, por ende, es mejor hablar del estado de inocencia que rodea a las personas; que dadas las consecuencias que conlleva la importación de la teoría de la carga dinámica de la prueba al proceso penal, el vocablo dialéctica procesal resulta más adecuado; y ante el umbral subjetivo de convencimiento para proferir sentencia de condena, en cumplimiento de los mandatos de prevención y garantía reconocidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la trilogía (hechos, prueba y argumentación) le brindan a la defensa criterios objetivos para enfrentar a su contradictor dialéctico, preservar el estado de inocencia, y trabajar la duda a su favor.</p>